Casi el 60% de los expertos del Panel UC cree que el impuesto a la riqueza no es una buena política pública

El proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno con el fin de financiar sus proyectos emblemáticos no tiene un camino fácil desde la perspectiva política y técnica. Menos en lo que respecta a unos de uno de sus componentes: el impuesto a riqueza, del que se espera una recaudación 0,48% del PIB en régimen (2025).

Así lo evidenció el panel de políticas públicas de la Universidad Católica de julio, que arrojó que un 58% de sus integrantes está en desacuerdo ante la afirmación de que se dicha figura propuesta poro el Ejecutivo “es una buena política pública para Chile”.

La consulta realizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, en alianza con Tele13 Radio y Diario Financiero, recopila las respuestas de 36 profesionales del grupo, que reúne a economistas y no economistas de distintas sensibilidades políticas.

Un 33% dijo estar seguro de sus opiniones, mientras un 31% muy seguro y un 25% más o menos.

El proyecto del Ejecutivo propone un impuesto a la riqueza para personas naturales con domicilio o residencia en Chile, cuyo patrimonio, tanto en Chile como en el extranjero, exceda las 6.000 UTA.

Este gravamen entrará en régimen el año 2024, mientras que el año 2023 se aplicará solo para el tramo de más de 18.000 UTA.

ANDREA BETANCOR, profesora asistente de la FEN de la Universidad de Talca.

“Un impuesto así podría ser una señal potente -”quienes más tienen ya pagan más”- hacia sectores que hay que incorporar para recaudar más. Sin embargo, como la evidencia sobre su recaudación no es auspiciosa, no la veo como una buena política sino más bien como una invitación a cambiar residencia”.

Nicolás Eyzaguirre, ex minsitro de Hacienda, acadèmico FEN U. de Chile.
“Sólo cuando no se pueden conocer las rentas devengadas por los activos subyacentes”.

Las razones

Desde la óptica del exministro de Hacienda y académico de la Escuela de Gobierno de la UC, Rodrigo Valdés, los resultados reflejan cierta “suspicacia y preocupación” desde el mundo técnico respecto a que este sea el mejor instrumento para el objetivo de pago de impuestos entre contribuyentes de alto patrimonio, porque la experiencia internacional muestra que no es fácil de administrar ni recauda demasiado.

Pero, al mismo tiempo, advierte que en el grupo hay una división ideológica “muy fuerte” -como suele ocurrir en materia impositiva-, en que “la gente más de centroizquierda está más bien a favor y la centroderecha más bien en contra”.

Si bien el tributo a la riqueza está en el programa del actual gobierno, Valdés estima que hay dos aspectos a repensar en este ámbito: revisar los guarismos, que le parecen un “poco elevados”; y lo segundo, que lo ve como más importante como concepto, “que es posible que esto sea una moneda de cambio”.

Sylvia Eyzaguirre, Investigadora en el área de educación del CEP.

“Según la evidencia internacional es díficil de cobrar y tiene efectos adversos para la inversión. En este sentido, los beneficios pueden ser menores a los perjuicios”.

Andrea Butelman, exjueza TDLC y miembro de la red Pro competencia.

“No se debe evaluar cada impuesto por separado, sino que el conjunto y los incentivos de cada uno. Es posible que redunde en menor recaudación”.

Ignacio Irarrázaval, director Centro de Políticas Públicas y profesor UC.

“En términos de recaudación tiene baja importancia y su implementación es muy difícil (Los capitales ya salieron de Chile o se imputaron a otros RUT)”.

Quizás aprobándose otras partes centrales de la reforma tributaria, estima que el citado gravamen pueda ser parte de una negociación. “Cuando algo no recauda tanto y produce complejidades, también da espacio de maniobra para tomar decisiones de este tipo”, afirma.

Otra gran duda, dice y que considera legítima, se refiere al efecto que puede tener el referido tributo en términos de que capital de Chile y las personas de mayor patrimonio terminen domiciliándose afuera. “Esa debe ser una preocupación en la que hay que poner mucha atención”, opina.

El académico anticipa que la discusión parlamentaria de esta norma se encontrará con las otras reformas estructurales del gobierno y con un Congreso dividido, lo que complica el escenario.

Por lo mismo, estima que el gobierno tendrá que ser muy pragmático para buscar votos y “eventualmente transar”. Así, cree que el rol negociador del ministro de Hacienda, Mario Marcel, se pondrá “absolutamente” en práctica.